CEOS-CEPYME Huesca

REFORMAS NECESARIAS PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: LA JUSTICIA (20-07-2011) PDF Imprimir E-mail
El presente artículo es el cuarto de una serie de cinco que venimos irradiando desde hace ya unas semanas y con los que desde CEOS-CEPYME HUESCA pretendemos extractar y divulgar las reflexiones e ideas que se plasman en los libros titulados "Reformas necesarias para potenciar el crecimiento de la economía española", de la editorial Civitas, que presentaron la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el pasado mes de junio. 

El presente artículo está referido a la justicia, cuyo estudio ha corrido a cargo de Pablo Salvador Coderch, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra y de Carlos Gómez Ligüerre, Doctor en Derecho por esa misma universidad.

En un diagnóstico inicial de la situación de la justicia en España, ambos profesores quieren poner de manifiesto –cómo primera cifra reveladora de la situación actual-  que el número de casos pendientes en los juzgados y tribunales españoles superó a finales de 2009 los tres millones, creciendo un 12,4% respecto del año anterior, lo que pone bien a las claras que la congestión creciente es el principal problema de la justicia española.

De acuerdo con las diferentes jurisdicciones, en el ámbito contencioso-administrativo finalizó 2009 con un volumen de asuntos en trámite equivalente al 122% del número de asuntos ingresados, mientras que en el civil fue de un 66%, en lo social del 54% y en lo penal de un 17%. Entre las diferentes causas de estos incrementos se encuentran la dinámica del ciclo económico que favorece la litigiosidad civil (concursos, y embargos) y social (reclamaciones por terminaciones de contratos laborales o reclamaciones por invalidez, la promulgación de determinada legislación en lo penal (sobre violencia de género y de tráfico) y los juicios sobre extranjería en los contencioso-administrativos. Teniendo en cuenta que el presupuesto total del Estado y las Comunidades Autónomas destinados a la Justicia en 2009 fue de 3.558 millones de euros y que las sentencias dictadas por jueces y magistrados ascendieron a 1.623.122, se puede obtener uno de los indicadores  más característicos del proceso judicial: cada sentencia costó al contribuyente 2.192 euros.

PROPUESTAS

Medidas para reforzar la eficiencia y la rapidez en los distintos órdenes jurisdiccionales:

En el orden jurisdiccional civil se debería:

•    Incrementar la cuantía de los juicios verbales desde los 6.000 euros actuales, hasta 25.000 o incluso 50.000 euros.
•    Elevar la cuantía del procedimiento monitorio desde 250.000 hasta 500.000 euros y limitar drásticamente la posibilidad de desviar el asunto al juicio ordinario que corresponda por el simple procedimiento de presentar un escrito de oposición (el procedimiento monitorio dura de media 7,7 meses y el ordinario 12,2 meses).
•    Aumentar la cuantía de los juicios que no requerirían defensa de un abogado hasta los 1.500 euros con la condición de facilitar al secretario judicial una dirección de correo electrónico a efectos de notificación.
•    Introducir modificaciones en el sistema de recursos, reservando el de reposición a la impugnación de errores materiales manifiestos aunque manteniendo siempre la exigencia de la protesta en el acto y estableciendo una tasa especial fija pero disuasoria para determinadas apelaciones.
•    Desjudicializar los procedimientos de jurisdicción voluntaria.

En el orden jurisdiccional penal se deberían:

•    Convertir determinadas faltas en "semipúblicas", que serían únicamente perseguibles a instancias del agraviado, frente a las "públicas", perseguibles de oficio.
•    Dejar sin contenido algunas o todas las faltas contra intereses generales y contra el público de los títulos III y IV del Libro III del Código Penal, puesto que la intervención administrativa sería más efectiva.
•    Analizar la institución de la responsabilidad civil derivada de delito o falta a efectos de limitar al máximo el recuso al orden jurisdiccional penal para ventilar cuestiones de responsabilidad civil.

En cuanto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo se podría:

•    Ampliar el ámbito de actuación por cuantías del procedimiento abreviado de 13.000 a 50.000 euros.
•    Establecer que las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos sean directamente recurribles ante los tribunales, ya que incrementaría la seguridad jurídica y reduciría el volumen de litigiosidad.
•    Potenciar los mecanismos de extensión de las sentencias judiciales y suprimir la doble instancia económica-administrativa y considerarlo con los Tribunales Económico-Administrativos dado que añaden escaso valor al proceso de depuración jurídica, aumenta los costes e incentiva la interposición de recursos o reclamaciones marginales.

En el orden jurisdiccional social se debería:

•    Limitar la posibilidad de recurrir en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos de impugnación de alta médica, así como en los casos de sentencias íntegramente desestimatorias sobre el grado de incapacidad permanente aplicable, y en los de las dictadas en reclamaciones cuya cuantía no exceda los 3.000 euros.
•    Adoptar medidas gestionadas por el Secretario Judicial tendentes a reducir el número de suspensiones derivadas de la verificación previa del cumplimiento de los requisitos para la celebración del juicio.

Medidas de oferta destinadas a reducir los costes de funcionamiento.

•    Procurar que las intervenciones concretas que se prevean masivas porque hayan de afectar a muchos ciudadanos cada año sean preferentemente administrativas y sólo penales cuando sea estrictamente necesario, con el fin de evitar el empleo de la Justicia como una agencia reguladora.
•    Establecer nuevas demarcaciones judiciales teniendo en cuenta las realidades económicas y políticas del Estado de las Autonomías.
•    Dividir en dos niveles la actual justicia de instrucción y de primera instancia. El primero para los asuntos más sencillos y el segundo para los de mayor complejidad. En cuanto al primer nivel se deberían, por un lado, integrar las oficinas judiciales que existen en cada órgano unipersonal en un servicio especializado de trabajo de un único tribunal de cada demarcación y, por otro, estructurar los servicios comunes de la oficina judicial con estrictos criterios de organización empresarial y generar economías de escala procedentes de la especialización en tareas administrativas.
•    Sustituir la Audiencia Nacional por dos tribunales centrales independientes: el Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo y el Tribunal Central de lo Penal.
•    Atribuir la ejecución de la política de dotaciones, la investigación penal, al Ministerio Fiscal, así como tender, tras un debido análisis, a la supresión de las Audiencias provinciales, de manera que sus competencias de apelación que no recayeran en los tribunales de instancia deberían pasar a ser asumidas por los Tribunales Superiores de Justicia.
•    Asegurar que el Tribunal Supremo cumpla misiones de estricta unificación de doctrina o en interés de la ley, así como que se establezca por ley el carácter vinculante de su jurisprudencia.
•    Garantizar en un plazo de tres años la completa interoperabilidad entre los sistemas informáticos de los juzgados y tribunales españoles, para que los jueces y magistrados puedan acceder en tiempo real a todos los procedimientos en trámite y los finalizados con posterioridad a la fecha que se fije.

Medidas para mejorar la carrera judicial:

•    Destinar una parte significativa del programa de la escuela judicial a los aspectos relacionados con las instituciones básicas de la economía productiva y las cuestiones normativas más frecuentes.
•    Modificar los requisitos de ingreso a la carrera judicial y fiscal para enriquecer y diversificar la formación de jueces y magistrados, mediante la posibilidad de hacer uso de los conocimientos adicionales de que disponen los candidatos con otro título universitario en las pruebas de acceso.

Medidas de demanda que incidan sobre los costes privados de acceso a las justicia en casos claramente justificados:

•    Evitar la judicialización de procesos que puede resolver mejor la Administración pública y reducir la tendencia a incrementar la criminalización de conductas, de manera que se confíe la tarea de controlar y sancionar determinados comportamientos a instancias administrativas, particularmente en materias de tráfico.
•    Promover el uso de medios alternativos de solución de conflictos. Entre ellos, uno muy cercano al proceso judicial y de efectos muy similares es la transacción, cuyo  empleo debería potenciarse en las futuras reformas del sistema procesal. Asimismo, es preciso impulsar la institución del arbitraje, tanto en el ámbito administrativo, como en el ámbito privado.
•    Incorporar medidas legales que permitan evitar el uso estratégico de la litigación. Por ejemplo, el rechazo injustificado de una transacción que hubiera resultado mejor o tan beneficiosa como el resultado del proceso judicial debería ser una de las causas de condena en costas o ser incorporada como una de las manifestaciones de la ausencia de buena fe procesal.
•    Aproximar los costes reales en determinados supuestos, sobre todo en aquellos casos en los que el coste de cada nueva demanda es cero. No obstante, es preciso la existencia de un mecanismo de justicia gratuita para la defensa de sociedades mercantiles en dificultades económicas y que precisen reclamar judicialmente sus créditos por deudas públicas o privadas.
•    Reformar el sistema de imposición de costas para evitar que los Abogados de la Administración pública reciban una doble retribución.
•    Finalmente, promulgar una legislación con una mayor claridad, calidad y estabilidad que la actual, dado que evitaría imperfecciones y dudas que provoca parte de la actual litigiosidad.

SALVADOR CORED BERGUA
Secretario General de CEOS-CEPYME HUESCA
 

SÍGUENOS EN...

Siguenos en FacebookSiguenos en twitter
 
 
 
<<  Octubre 2017  >>
 Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sa  Do 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
logo_ceos
CEOS-CEPYME HUESCA - Plaza Luis López Allué 3, Planta 2- 22001 HUESCA - Tel: 974 242 363 / 974 242 471 - Fax: 974 221 021 -
iso9001 iso9001